El Gobierno de Ayuso renuncia a cobrar casi 60 millones de euros a las empresas privadas que explotarán residencias en parcelas públicas

El Ejecutivo no aplicará la tasa anual a la que tiene derecho durante los 70 años de concesión con la justificación legal de que ya obliga a los adjudicatarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado