El Gobierno de Ayuso se ha visto obligado a vender varios inmuebles residenciales que habían sido utilizados como oficinas sin la debida licencia. Esto ha ocurrido en varias ocasiones, lo que sugiere un patrón de comportamiento en el uso de propiedades residenciales para fines administrativos. Se conoce que la Comunidad ya había adquirido anteriormente dos pisos en los que estaban prohibidas las oficinas, y ahora se suma un ático a esta lista.

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